Ecuador declarará la caducidad de las concesiones mineras ilegales y suspenderá las actividades de extracción por 180 días mientras se estructuran reformas para ampliar los beneficios estatales en los réditos del sector, dijo este jueves el presidente Rafael Correa.

La medida se adoptará a través de un decreto que la Asamblea Constituyente, liderado por una facción oficialista, se apresta a aprobar este viernes en medio del rechazo de las empresas foráneas que operan en el país, por considerarla un atentado a sus inversiones y el futuro del negocio.

“Ya está el mandato minero () Lo que busca ese mandato minero es revertir todas esas concesiones que se han dado ilegalmente”, dijo Correa en una reunión con corresponsales extranjeros.

El decreto contempla la anulación y reversión a manos estatales de las concesiones que no reporten inversiones hasta diciembre del 2007 durante su fase de exploración, estudios de impacto ambiental, obligaciones estatales o que se encuentren en áreas adyacentes a reservas naturales.

El paquete incluye además una moratoria en el otorgamiento de nuevas concesiones y la paralización por al menos seis meses de las operaciones de las minas en explotación mientras se aprueba una nueva ley minera que asegure una participación estatal fuerte en las ganancias de las empresas operadoras.

No estuvo disponible el número de concesiones afectadas potencialmente por la resolución, que incluye una disposición para que se cree una empresa nacional minera, una acción que se enmarcaría en la política de Correa, un defensor de la intervención estatal en sectores económicos clave.

La lista de empresas que perderían sus concesiones tampoco fue divulgada.

El sector minero del país argumentó que con la vigencia del mandato se anularían unos 2.000 milllones de dólares en inversiones en los próximos dos años.

“Necesitamos una nueva Ley, pero no un mandato que mate a la minería”, dijo la Cámara de Minería en un comunicado.

Reformar el sector

A pesar de los términos del decreto, el mandatario aseguró que el objetivo primordial de la iniciativa es reformar un sector que se manejó sin reglas claras y que su gestión apunta a inversiones que garanticen una extracción responsable de las reservas con el apoyo de las empresas.

La nueva ley introduciría la figura de las regalías y otros mecanismos para que el Estado reciba una porción de los ingresos producto de la comercialización de los minerales, entre otros.

Ecuador, que en enero revocó 587 concesiones por violaciones legales, carece de una extracción masiva de metales preciosos, pero firmas canadienses tales como Corriente Resources, Aurelian Resources e Iamgold Corp. han encontrado depósitos grandes de oro, cobre y plata en el sur de su territorio.

“El problema no es sí o no a la minería () La minería no es mala, hay que hacerla bien. Ese es el gran desafío”, aseguró al referirse a la oposición que enfrenta para dar paso a los proyectos mineros por parte de organizaciones indígenas y grupos ambientalistas.